Con la Revolución de Mayo de 1810 no sólo se inició el camino hacia nuestra independencia, también tuvieron lugar los primeros intentos para organizar el nuevo país. Ya en la Primera Junta, uno de sus secretarios, Mariano Moreno, defendió con entusiasmo la necesidad de sancionar una constitución.
Desde entonces, se fueron delineando dos tendencias que tendrían gran importancia en la organización definitiva del país. Por un lado estaban los unitarios –en su mayoría porteños- que quería establecer un gobierno central fuerte, que desde Buenos Aires gobernara el resto del país. A ellos se oponían los federales cuya pretensión era que las provincias compartieran algunos poderes por el gobierno central.
Entre 1811 y 1817 se elaboraron en Buenos Aires varios estatutos y reglamentos; sin embargo, todos eran provisorios porque sólo regirían hasta que un congreso, en el que estuvieran representadas todas las provincias, organizase el país en forma definitiva mediante una constitución.
La Asamblea del Año XIII, si bien tomó medidas muy importantes –creó una moneda, liberó a los hijos de los esclavos que nacieran a partir de ese momento, prohibió las torturas y eliminó los títulos de nobleza- no llegó a sancionar una constitución.
En cambio, el Congreso de Tucumán, que declaró la Independencia el 9 de Julio de 1816, se trasladó posteriormente a Buenos Aires y allí aprobó una constitución, en 1819. Sin embargo, esta constitución, que se llamó “Constitución de las Provincias Unidas de Sud-América”, fue rechazada por las provincias, que venían en ella características monárquicas y centralistas.
A partir de 1820 las provincias, gobernadas por distintos caudillos, organizaron sus propias instituciones. Pero
aún subsistía la intención de establecer un gobierno central para todo el país. En 1826 un congreso reunido en Buenos Aires aprobó una constitución que adoptaba para el gobierno la forma “representativa, republicana, consolidada en unidad de régimen”. Por su carácter unitario, la Constitución de 1826 también fue rechazada por las Provincias.
Cada vez que fracasaban los intentos para organizar constitucionalmente el país se desencadenaban graves conflictos políticos, caracterizados por el desorden, la violencia y el autoritarismo. Para remediar estos males, las Provincias firmaron diversos pactos mediante los que procuraban encontrar un camino hacia la organización definitiva del país. Esos tratados son conocidos como pactos preexistentes. Unos de ellos es el Pacto Federal de 1831, que invitaba a todas las provincias a reunirse en un Congreso General Federativo para organizar el país como un Estado federal. Sin embargo, ese congreso nunca se reunió.
En febrero de 1852, el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, venció al gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, en la batalla de Caseros. Así se clausuró un largo período de predominio de Buenos Aires y se abrieron las puertas a la organización constitucional del país. Unos meses más tarde, el 31 de mayo, los gobernadores de las provincias firmaron el Acuerdo de San Nicolás que convocaba a un Congreso Constituyente que se reuniría en Santa Fe.
El 1 de Mayo de 1853 ese congreso aprobó una constitución que solamente rechazada por la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, en 1860, tras la firma el Pacto de San José de Flores y la reforma de algunos artículos, el pueblo de Buenos Aires la aceptó. A partir de entonces, los argentinos tenemos una constitución que rige en todo el territorio de la Nación y se aplica a todos los habitantes del país.